En una serie de publicaciones dirigidas a sus millones de seguidores en los últimos días, Elon Musk ha acusado al primer ministro inglés Starmer y a otros legisladores del Partido Laborista de permitir las llamadas bandas de grooming, o engaño pederasta.

La expresión se refiere a un escándalo que se inició hace una década relacionado con una serie de casos de abusos sexuales a menores en los que niñas fueron agredidas y violadas por bandas de hombres en varios pueblos y ciudades del Reino Unido. La mayoría de los agresores eran de ascendencia pakistaní británica.

Quienes han cubierto este caso se refieren a él como «el mayor crimen en tiempos de paz en la historia de la Europa Moderna». No parece una hipérbole. Hablamos del abuso y violación en serie de al menos 1.400 niñas inglesas por parte de paquistaníes, kurdos y kosovares durante más de 15 años (1997-2013). Las autoridades prefirieron tapar el asunto por la etnia y la religión de los agresores, admitiendo internamente su temor a ser tildados de «racistas». A día de hoy, no ha habido justicia para la gran mayoría de las víctimas.

Los gobiernos británicos, tanto conservadores como laboristas, con la colaboración de los medios del sistema, creían haber enterrado la historia tras unos procesamientos simbólicos en la década de 2010.

La Policía omitió en algunos casos su deber de socorrer a las víctimas; los concejales locales y miembros del Parlamento rechazaron las peticiones de ayuda de los padres de las niñas; las ONG y los parlamentarios laboristas, incluso, acusaron a quienes hablaron del escándalo de «racismo e islamofobia». Y sobre todo, los medios de comunicación ignoraron o minimizaron en su gran mayoría lo ocurrido.

En definitiva, la élite británica prefirió blindar su modelo multicultural a tener que rendir cuentas por su política migratoria, mientras que sus colaboradores necesarios callaron por miedo a ser tildados de racistas o islamófobos. La corrección política es culpable de que todavía no se sepa con precisión cuántos miles de niñas fueron violadas en Gran Bretaña desde los años 1970.

Sin embargo, Elon Musk ha removido el polvo de la infamia tuiteando algunos de los documentos judiciales. 66 millones de personas a lo largo de todo el mundo se han enterado gracias al magnate norteamericano de la gravedad del caso, obligando a pronunciarse al primer ministro británico, Keir Starmer, quien durante esos años estaba al frente del Servicio de la Fiscalía de la Corona (similar a la Fiscalía General del Estado).

Ahora el caso monopoliza el debate público en Gran Bretaña. La ira ciudadana, contenida durante años, exige una investigación pública y una rendición de cuentas a la altura de la gravedad del asunto, que salpica a todos los niveles del sistema británico, desde trabajadores sociales a funcionarios del Ministerio del Interior.

Esta violencia sexual se cebó con las ciudades posindustriales del norte de Inglaterra y las Midlands, en donde se establecieron los inmigrantes procedentes de Paquistán y Bangladés a lo largo de los años 60. Las violaciones comenzaron poco después. El epicentro del terror fue Rotherham, una población de apenas 250.000 habitantes. Ahí, los policías y concejales locales fueron notificados por primera vez sobre el abuso sexual de niñas en 2001. Las primeras condenas no se produjeron hasta 2010, cuando cinco hombres de origen paquistaní fueron encarcelados por múltiples delitos contra niñas de tan sólo 12 años de edad.

Su modus operandi consistía en abordar a las niñas más vulnerables (las pobres y las huérfanas o las tuteladas en centros de acogida) con dulces para drogarlas. Después, las violaban y las pasaban de una red de explotación a otra hasta que las descartaban cuando alcanzaban la mayoría de edad. Una investigación de 2014 determinó que 1.400 niñas habrían sido violadas solo en Rotherham, pero esa cifra sería solo la punta del iceberg de un escándalo de dimensiones nacionales.

Al publicarse el informe, el alcalde de la ciudad, Roger Stone, se vio obligado a dimitir. La autora del documento, Alexis Jay, destacó «la naturaleza aterradora de los abusos». También señaló a la policía y a las autoridades municipales: «Si todas las autoridades implicadas hubieran estado menos preocupadas por sus propias agendas y sus prejuicios, y se hubieran centrado en el bienestar de los niños, muchos no habrían sufrido los abusos y la brutalidad de lo que estamos oyendo».

El asunto llegó al Parlamento británico. Ahí, Theresa May, entonces ministra del Interior, apuntó sin ambages a «la corrección política institucionalizada» de lo sucedido en la pequeña ciudad: «Muchas víctimas sufrieron la injusticia de ver sus gritos de ayuda ignorados. Las preocupaciones culturales, el miedo a ser visto como racista, nunca deben impedir proteger a los menores».

La lección, sin embargo, no parece haber sido aprendida. Tras el ‘descubrimiento’ de Elon Musk, sucedido por la petición de una investigación pública para depurar responsabilidades, Keir Starmer ha despachado el asunto señalando: «El principal problema de nuestro país es la islamofobia». Y ha añadido que «los musulmanes se sienten incómodos» recordando lo sucedido en Rotherham.

Un reciente análisis llevado a cabo por el politólogo Matthew Goodwin ha generado un intenso debate en el Reino Unido sobre la cobertura mediática de lo ocurrido, que ha recibido una atención sorprendentemente baja en comparación con otros temas sociales de relevancia. Goodwin sostiene que la respuesta de los medios británicos pone de relieve sus prioridades y sesgos.

Para respaldar su afirmación, Goodwin analizó una base de datos llamada Lexis, que permite examinar el contenido de los principales periódicos. Comparó el número de artículos sobre las «bandas de abuso sexual» entre 2011 y 2025 con otros temas importantes. Los hallazgos fueron reveladores: mientras que se publicaron 4.659 artículos sobre las bandas de abuso sexual, otros temas como la islamofobia (23.461 artículos), el movimiento Black Lives Matter (59.338 artículos) y el racismo (382.069 artículos) recibieron una cobertura significativamente mayor. A pesar de que 4.600 artículos parecen una cifra considerable, Goodwin argumenta que es insuficiente frente a la magnitud del escándalo.

El periodista Andrew Norfolk, de The Times, fue pionero en destapar esta situación desde 2011, enfrentando un considerable acoso debido a su labor. Aunque The Times logró publicar 440 artículos sobre el tema, otros medios como The Guardian solo emitieron 113, y la BBC mencionó el escándalo en 357 ocasiones, comparado con miles de menciones a otros sucesos globales.

Goodwin postula que la falta de atención mediática puede atribuírse a una serie de factores políticos y sociales, señalando que la élite mediática, que tiende a ser progresista y de educación privilegiada, evita tratar temas que puedan desafiar la narrativa predominante sobre la inmigración y el multiculturalismo. Este miedo a ser acusado de islamofobia o de alimentar la extrema derecha ha llevado a muchos periodistas a abordar el escándalo con cautela o, en algunos casos, a ignorarlo completamente.

A medida que el debate ha ganado tracción en redes sociales, cada vez más británicos se cuestionan por qué un problema de tal magnitud ha sido tan ignorado. Como respuesta a estas inquietudes, Goodwin insta a la prensa británica a adoptar un enfoque más centrado en la verdad y en dar voz a las víctimas, señalando que el escándalo merece la misma seriedad que otros casos de gran repercusión.

Al final, Goodwin recuerda a los medios la importancia de encontrar y contar la verdad: “Ese es tu trabajo”. Estas palabras resaltan la esencia del periodismo como un pilar fundamental de la democracia, cuya misión es iluminar las injusticias y dar voz a quienes han sido callados, especialmente en tiempos de incertidumbre.