La Alianza Evangélica Sueca, junto con la Alianza Evangélica Europea y Mundial (EEA, WEA), presentaron un informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la 49ª sesión del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Suecia, prevista para mayo de 2025.

El informe habla del preocupante descenso de los derechos a la libertad religiosa en Suecia, con respecto a la devolución de cristianos conversos que solicitan asilo; la objeción de conciencia en el aborto para matronas; el derecho a la educación religiosa; los sacrificios según rituales religiosos; las leyes abusivas ante el delito de odio; la financiación pública a las denominaciones religiosas; y la expresión de preocupaciones sobre una propuesta de prohibición de la mal llamada terapia de conversión.

Las alianzas firmantes denuncian que en Suecia han mostrado “un procedimiento politizado y arbitrario en los casos de asilo de cristianos conversos que no cumple con el derecho internacional y con los estándares internacionales para la determinación del estatus de refugiado”.

Además, muchos de esos conversos son “perseguidos y acosados” en los centros de asilo suecos, pero “el plan de acción nacional contra el racismo, formas similares de hostilidad y crímenes de odio, no aborda la situación de los refugiados cristianos, mientras que se prevén medidas específicas y de acción afirmativa para otros grupos vulnerables”.

Por eso, el informe recomienda “investigar a fondo la discriminación y el acoso por motivos religiosos a los solicitantes de asilo”, y “adoptar medidas afirmativas para proteger a los solicitantes de asilo cuya conversión los hace vulnerables a los ataques de miembros de la fe religiosa a la que anteriormente adherían”.

Según el informe, “Suecia es uno de los pocos países donde no se respeta la objeción de conciencia del personal médico que no puede participar en abortos debido a sus convicciones”.

Piden al gobierno sueco que “respete la libertad de conciencia aplicando un principio de ajuste razonable a sus solicitudes de no abstenerse de actos que violen sus convicciones profundas, y que prevea el derecho a ejercer la objeción de conciencia”.

Las Alianzas Evangélicas afirman que “aunque la educación religiosa en Suecia ya está limitada en muchos aspectos, los políticos proponen regularmente prohibiciones o regulaciones más estrictas para las escuelas religiosas independientes”.

“Respetar los derechos de los padres a una educación religiosa para sus hijos y abstenerse de restringir las prácticas religiosas en las escuelas religiosas”, recomiendan.

El informe explica que la legislación sueca no permite el sacrificio kosher o halal, pero los individuos pueden importar carne de otros países de la UE, por lo que “el doble rasero es que la cría y el transporte de animales no se pueden controlar, y el costo de la carne importada, tanto para el estado como para los individuos, es significativamente más alto”.

Por eso, piden a las autoridades que “permitan el sacrificio religioso, es decir, el sacrificio kosher y halal, a la luz del derecho a la libertad de religión consagrado en el marco legal sueco”.

Los recientes incidentes que tuvieron lugar en un condado, donde se han quemado o profanado ejemplares del Corán, dieron lugar a un debate nacional sobre si ese tipo de actos deberían ser criminalizados.

Para las Alianzas Evangélicas, “aunque la quema del Corán y la sátira religiosa son vistas como vulgares, irrespetuosas y despectivas por muchos, las expresiones críticas sobre la religión y otras visiones del mundo son inevitables en una sociedad abierta y libre. La libertad de religión no significa libertad frente a la crítica religiosa”.

Por eso recomiendan “abstenerse de reintroducir nuevas leyes sobre la blasfemia o de utilizar leyes existentes para prevenir la blasfemia, y garantizar tanto en la ley como en la práctica la libertad de expresión y de religión”.

El gobierno sueco está en proceso de presentar una propuesta para denegar subvenciones a las iglesias y otros organismos religiosos, simplemente porque esas iglesias “no representan valores democráticos”.

El informe pide al estado que “otorgue esa financiación pública a las asociaciones afiliadas a comunidades religiosas que contribuyan al bien público sin discriminación ni interferencia con sus creencias religiosas tradicionales, de acuerdo con las obligaciones internacionales de Suecia en materia de derechos humanos”.

Las Alianzas Evangélicas subrayan que “todas las formas de coerción, incluida la violencia, el abuso y la tortura, contra las personas LGBTQ+ son reprensibles y deben ser condenadas”.

Pero advierten que en cuanto a la legislación sobre terapias de reorientación sexual “tal legislación significaría que los representantes religiosos se verían obligados a decir no a todas las personas LGBTQ+ que buscan su ayuda, incluidas aquellas que por iniciativa propia desean hablar y orar sobre su sexualidad o identidad sexual”.

“Abstenerse de introducir definiciones y conceptos vagos que podrían conducir a violaciones de la libertad de religión, incluido el derecho a tener opiniones y prácticas que sean razonables en una sociedad libre y democrática, como la oración, la proclamación y el diálogo confidencial en un contexto religioso”, explicaron las entidades evangélicas.